La mañana del 25 de enero, a unas cuantas horas de que el ciudadano paraguayo Salvador Cabañas fuera herido de un balazo en un antro ilegal, en el que bebía a una hora ilegal y entre gente de legalidad no muy comprobable, el gobierno del presidente Felipe Calderón hizo varios movimientos. Primero, la residencia oficial de Los Pinos emitió un comunicado en el que hizo patente la “más enérgica condena a la agresión”. Luego, personalmente, el mandatario llamó a los familiares de Cabañas para ofrecerles consuelo y la promesa de que los culpables no se saldrían con las suya; se puso en contacto con su homólogo, Fernando Lugo, hasta la capital paraguaya, Asunción, y le prometió justicia (el crimen “se va a aclarar”, contó Lugo en un evento público, citando el compromiso del Presidente; “todos los implicados serán detenidos”). Posteriormente, Calderón se comunicó con el procurador capitalino Miguel Mancera para garantizar el seguimiento del caso, y ofreció, además, el apoyo de la PGR. Eso sucedió en las horas inmediatas al disparo contra Cabañas. Sobre la tragedia de Ciudad Juárez (el domingo 1 de febrero), el mismo Calderón dijo a periodistas japoneses, en Tokio, casi 48 horas después: “Mi deber es iniciar esta rueda de prensa, primero deplorando y condenando de manera muy enérgica el cobarde asesinato de un grupo de jóvenes, 18 personas, la mayoría estudiantes y muchos de ellos menores de edad, en México, en Ciudad Juárez…”